Resultados de la Política Neoliberal en México






Crecimiento Elevado y Duradero.
El principal indicador del crecimiento económico es el Producto Interno Bruto. Su comportamiento ha variado en las últimas décadas como consecuencia de las circunstancias internas y de las políticas económicas que el gobierno mexicano ha aplicado desde 1982 hasta la fecha.

El crecimiento económico es determinado por las fluctuaciones en el corto y largo plazo, es decir, por los ciclos económicos y los eventos aleatorios que afectan el desempeño de la producción y las variables macroeconómicas. En el caso de México, en este periodo han sido tres las grandes crisis que se han enfrentado: dos de ellas de naturaleza interna (a principios de los años ochenta y a mediados de los años noventa) y una externa (la crisis financiera internacional iniciada en 2008).

Cada una de ellas ha sido enfrentada de manera distinta, desde el punto de vista de las políticas económicas, cuyos resultados también han sido distintos. La crisis surgida en 1982 marcó el comportamiento dispar en el crecimiento económico del resto de la década, presentando dos caídas significativas en 1983 y 1986. En cambio, en el caso de la crisis de 1994, las políticas fiscal, monetaria y financiera permitieron que, a pesar de la fuerte caída en el PIB durante 1995, el crecimiento económico se recuperara, y durante el siguiente lustro resultara elevado y sostenido. En cuanto a la crisis internacional de 2008, nuestra fortaleza comercial y financiera, así como las políticas económicas destinadas a fomentar la inversión productiva, propiciaron que, a pesar de la caída en 2009 (influida por una fluctuación aleatoria derivada de la emergencia sanitaria provocada por la influenza), en los años siguientes se recuperara el crecimiento.

El comportamiento del PIB nos demuestra que, en el transcurso de estas últimas tres décadas, si bien se ha logrado registrar una tendencia ascendente de crecimiento, su crecimiento ha resultado muy errático a lo largo del tiempo. Presenta fuerte fluctuaciones en el mediano plazo, tanto en sus movimientos ascendentes como en sus contracciones. Aunado a lo anterior, si bien se han presentando periodos de crecimiento elevado (1989-1991, 1996-2000), no se logra que su comportamiento sea sostenido. Incluso, a lo largo del presente siglo, el promedio de crecimiento ha resultado muy reducido (2 % anual), muy inferior a las tasas registradas en periodos previos al quiebre del modelo de sustitución de importaciones, equivalente a 6 % anual, durante la segunda mitad de la década de los años cincuenta y la década de los sesenta. Por lo anterior, se puede concluir que el crecimiento del PIB ha resultado más bien moderado e inestable en el mediano plazo.

Generación de Empleo.
Otro elemento fundamental para valorar la efectividad de las políticas económicas aplicadas en los últimos años es, la generación de fuentes de trabajo. Los periodos de crisis provocan el incremento del desempleo, pues no olvidemos que la variación en los niveles de producción de toda nación (y, por ello, de su crecimiento económico) tiene un efecto directo y proporcional en el empleo.

Es  notorio el repunte del desempleo en las fases de crisis y recesión del ciclo económico: 1983, 1995 y 2009. Asimismo, se puede apreciar que los periodos en que el PIB registra su crecimiento más elevado (1989-1991 y 1997-2000), son también, los lapsos en que el desempleo ha logrado mantenerse en niveles que rondan 2 o 3 % de la Población Económicamente Activa.

De igual manera, en la década de los noventa, o incluso en el periodo del llamado desarrollo estabilizador (1958-1970), el desempleo ha repuntado a niveles cercanos al 5 % al finalizar la primera década del presente siglo. Sin embargo, vale la pena enfatizar que también en esta variable económica, las políticas económicas aplicadas han permitido obtener resultados más favorables que otras economías, incluso de los países altamente desarrollados.

Entonces consideramos que, de acuerdo con el contexto internacional, el nivel de desempleo registrado en México en los años recientes resulta reducido. Sin embargo, si analizamos la manera en que se ha comportado a lo largo del periodo 1982-2015, descubrimos que no sólo se ha mantenido en los mismos niveles registrados hace dos o tres décadas, sino que se ha incrementado ligeramente. Es decir, si bien el crecimiento económico ha propiciado mayores niveles de ocupación, no se ha logrado disminuir el desempleo de manera consistente. Además, es cada vez mayor el número de individuos que no pertenecen a la economía formal y se desempeñan en la prestación de servicios como el comercio ambulante. La economía informal no genera impuestos para beneficio de la sociedad, además que impide que los individuos cuenten con prestaciones sociales, créditos para la adquisición de vivienda, sistema de ahorro para el retiro o servicios de salud, entre otros. Esto indica que no sólo se están generando menos empleos de los esperados, sino que las condiciones de protección y bienestar que muchas de estas nuevas fuentes de trabajo brindan, son inferiores a las deseables.

Estabilidad en el nivel general de precios.
Un aspecto en el que se han logrado resultados positivos es la estabilidad del nivel general de precios y el control inflacionario. Al inicio de este periodo el país vivía una escalada inflacionaria que provocó aumentos anualizados en el nivel de precios que llegaron a aproximarse a 200 %, lo cual tenía un impacto muy negativo sobre el bienestar social, pues el poder adquisitivo de los salarios y sueldos que percibían las familias se veía reducido de manera acelerada.

Sin embargo, las políticas orientadas a reducir la oferta monetaria (disminuyendo tasas de interés, así como la emisión de billetes y monedas), junto con las estrategias enfocadas a controlar el aumento de precios y salarios, permitieron que a principios de los años noventa se alcanzaran, por primera ocasión desde finales de la etapa del desarrollo estabilizador, tasas de inflación anual de un solo dígito (8.01 % en 1993 y 7.05 % en 1994), que se han mantenido más estables y cada vez más reducidas.

A lo largo del presente siglo los niveles de inflación han resultado cada vez más reducidos, oscilando entre 5 y 3 %, con excepción de 2008, año en que se ubicó la inflación en 6.53 % anual. Esto demuestra que las políticas monetarias aplicadas en los últimos años han propiciado la estabilización duradera del nivel general de precios al punto en que la tasa de inflación que actualmente se registra en nuestro país se encuentra entre las más bajas del planeta.

Si comparamos el comportamiento de la inflación en México con el de otras naciones, podemos identificar que la mayoría de las economías desarrolladas, e incluso algunos países como Colombia registran incrementos anuales de precios inferiores. Sin embargo, en comparación con otras economías emergentes (como Rusia, Brasil o India) registramos mayor estabilidad en el nivel general de precios.

Estabilidad en las finanzas públicas.
Otro aspecto en que los resultados de la política económica han sido favorables durante las décadas recientes, es el relativo al equilibrio entre los ingresos y gastos públicos. A lo largo de los años setenta, el gobierno intentó dinamizar el crecimiento económico por medio del gasto público. Sin embargo, esto provocó un creciente déficit en las finanzas públicas que debió ser cubierto mediante la contratación de deuda con la banca internacional. Los niveles crecientes de gasto público y endeudamiento, conjugados con la caída del precio internacional del petróleo, provocaron la crisis de 1982.

En los primeros años de la década de los ochenta, a pesar del establecimiento de políticas fiscales y monetarias contractivas, el déficit público (es decir, el monto en que los gastos del gobierno rebasaban sus ingresos) alcanzó niveles superiores al 32 % del PIB. Es decir, la tercera parte de la riqueza nacional se destinaba a cubrir el gasto público excesivo, y otro porcentaje similar era destinado a pagar los intereses derivados de la deuda externa. Lo anterior significa que el desequilibrio en las finanzas públicas absorbía la mayor parte de los ingresos nacionales. Gran parte de la renta del país se perdía por ese motivo, provocando que el ingreso disponible para empresas y familias se viera severamente disminuida.

Sin embargo, las políticas económicas destinadas al redimensionamiento del Estado y la reducción del gasto público comenzaron a rendir frutos a finales de los años ochenta. De igual modo, permitieron que el déficit se redujera e incluso, durante el periodo 1991 – 1994, se registraran cuatro años consecutivos de superávit  (es decir, que los ingresos obtenidos por el Estado fueron superiores al gasto público total). A partir de entonces, se ha presentado un equilibrio consistente entre el nivel de ingresos y gastos públicos, permitiendo que en los últimos tres lustros el déficit público no supere en ningún momento el 3%, con relación al Producto Interno Bruto.

Distribución equitativa del ingreso.
Todos los retos y objetivos macroeconómicos analizados tienen como finalidad principal el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. No tiene sentido que el comportamiento de las variables económicas resulte favorable, si dicha condición no se traduce en mayor bienestar para las familias e individuos que habitan un país. Por ello, independientemente de la manera en que se hayan comportado variables como la producción total, el crecimiento de la economía, el empleo, la inflación o la estabilidad de las finanzas públicas, para valorar la manera en que las políticas económicas repercuten en el bienestar social es necesario recurrir a variables o indicadores como el Producto Interno per cápita, que permite identificar la porción del ingreso nacional que, en promedio, corresponde a cada habitante del país. Esto sirve para reconocer hasta qué punto el crecimiento económico nacional se traduce en bienestar social e individual.

Durante el régimen de Miguel de la Madrid (1982-1988) la crisis financiera y las severas políticas económicas de austeridad provocaron una caída anual de 2.1 % en el ingreso personal, por lo que, a lo largo del sexenio, en promedio, los mexicanos redujeron su riqueza en poco menos de 15 %. En cambio, a lo largo de los siguientes años, la recuperación de los niveles de empleo e inversión se reflejaron en una consistente mejoría del ingreso per cápita (de manera más significativa durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, cuando el crecimiento promedio anual fue de 1.9 % y 1.6 % respectivamente). Ahora bien, a lo largo del presente siglo las políticas económicas enfocadas a alcanzar mayor equilibrio financiero, fiscal y  monetario propiciaron, en cambio, un crecimiento económico más reducido que en sexenios anteriores. Esto se reflejó en la pérdida del dinamismo en el aumento del PIB per cápita (1.0 % anual durante el gobierno de Vicente Fox y 0.9 % a lo largo del sexenio de Felipe Calderón).

El PIB per cápita refleja la asignación promedio del ingreso nacional, pero no muestra con precisión la manera en que éste es distribuido entre la población, lo cual al fin y al cabo es lo que nos demuestra si existe equidad en dicha distribución. Por ello, conviene identificar el total de familias existentes en el país y establecer diez grupos o estratos económicos (conocidos como deciles) y estimar el total de ingresos que recibe cada uno. De esta manera es posible identificar con mayor claridad la distribución de dicho ingreso.

En 2010 existían en México un aproximado de 29 millones de familias, cada decil representa a 2.9 millones de familias, desde las más pobres (decil 1), hasta las más ricas (decil 10). La distribución del ingreso en nuestro país es sumamente desigual, pues durante las décadas de estudio, los 2.9 millones de familias más pobres han recibido menos de 2 % del PIB nacional, mientras que el decil más rico se ha apropiado a lo largo del periodo de más de la tercera parte del ingreso del país (1984-2010).

Hay un alto grado de desigualdad existente en la distribución del ingreso en nuestro país a lo largo del periodo de 1984 a 2010. El ingreso acumulado por el 20 % de la población más rica (poco menos de seis millones de familias) es superior al del resto de la población. Si sumamos el porcentaje de ingresos de los deciles 9 y 10, éstos representaron 53.6 % de la riqueza total del país en 1984 y 57.9 %, tres décadas más tarde.

Otro aspecto, más delicado todavía, es que la distribución del ingreso se vuelve menos equitativa conforme mayor es el crecimiento económico. Esto puede ser definido como una dinámica perversa de acumulación del ingreso, pues en lugar de que el crecimiento económico se traduzca en bienestar generalizado de la población, ocurre lo contrario: cuanto más altas son las tasas de crecimiento del PIB, mayor es el porcentaje de ingreso que acumula un reducido segmento de población, lo cual representa que el bienestar del resto de la población se vea mermado. En 1984, cuando el país enfrenaba una etapa de estancamiento como resultado de la crisis financiera iniciada dos años antes , el ingreso del segmento más pobre de la población representaba 1.4 % del total, mientras que el decil más rico concentraba 36.8 % del ingreso. En el 2000, año en que la economía mexicana creció 6.6 %, luego de haber registrado un incremento acumulado de 41 % a lo largo de la década de los noventa, como consecuencia de la recuperación económica alcanzada en dicho periodo, los ingresos del segmento más pobre se contrajeron a 1.1 %, mientras que los del decil más rico se expandieron 42.3 %. Es decir, conforme mayor es la riqueza y el ingreso generado en la economía mexicana, menos equitativa es su distribución.

Con la finalidad de apreciar el grado de inequidad en la distribución del ingreso, los estudios suelen mostrar que el PIB se reparte entre la población, agrupada en tres grandes segmentos: alto (compuesto por los deciles 8, 9 y 10), medio (deciles 5, 6 y 7) y bajo (deciles 1 al 4). El 40% de las familias más pobres apenas acceden al 10% del ingreso, mientras que el 30 % acapara entre 65 % y 70 % de éste. En 2010 las familias pertenecientes al más bajo estrato disponían de un ingreso nacional de $2149, mientras que el de las familias ricas ascendía a $41,927. Significa que el ingreso de estas últimas es 21 veces mayor que el de las familias más pobres.


Fuente: Vive la Economía 2 (Progreso Editorial).

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